A mitad de enero, la Comunitat Valenciana se convirtió en la primera autonomía que deberá indemnizar a su personal sanitario por no haberlo protegido debidamente contra la Covid. Este ha sido de momento el punto final de una preocupación entre los consejeros autonómicos que se remonta a abril de 2020, en plena primera ola, cuando fue más acuciante la falta de batas, gorros, gafas o mascarillas para que médicos o enfermeros pudieran atender en condiciones seguras a los enfermos. El entonces ministro, Salvador Illa, propuso que unas comunidades informaran a las otras sobre sus procesos ante la Justicia.

Los médicos que ganaron la denuncia por falta de medios de protección covid: "He estado dos semanas con la misma mascarilla"

El acta de la reunión de aquel día es una de las 116 a las que ha tenido acceso 20 Minutos a través del Portal de Transparencia, que abarcan desde el inicio de la pandemia hasta noviembre del año pasado. El 16 de abril de 202', la consejera del País Vasco, Gotzone Sagardui, fue la primera en plantear a cuestión.

"Comentar que el Tribunal Superior de Justicia ha admitido la denuncia de un sindicato por haber protegido inadecuadamente a los trabajadores sanitarios solicitando medidas cautelares y pregunta si esto ocurre en otras comunidades". Con el tiempo, además de la condena valenciana, también los tribunales autonómicos del País Vasco y de Aragón reprocharon la actitud de sus administraciones pero sin fijar indemnizaciones.

La primera respuesta la dio Illa, que ya en ese momento sabe que "las denuncias por la protección inadecuada de los profesionales se han producido en otras comunidades" e informa la consejera vasca o cualquier otro consejero que lo precise que "les remitirán los pronunciamientos emitidos por los tribunales sobre esta materia".

La fallida defensa de la Generalitat

En su tuno de palabra, la consejera valenciana, Ana Barceló, indicó que ellos también habían sido denunciados, un proceso que terminó en condena de la Generalitat hace unas semanas y que dio alas a los sindicatos y organizaciones médicas de otras comunidades que no lo habían hecho ya a acudir a los tribunales.

"La Comunidad Valenciana también ha sido objeto de denuncias e incluso querellas", dijo Barceló que incluso explicó el camino a seguir. Estas demandas, dijo, "se defienden con las sentencias que ya están dictadas y sobre todo aportando los datos del material de protección suministrado". Sin embargo, casi dos años después se vio que esta defensa no era suficiente,. ya que el gobierno valenciano deberá pagar indemnizaciones de entre 5.000 a casi 50.000 euros según el grado de gravedad de la Covid que experimentó el personal sanitario.

Por su parte, el consejero Gallego, Julio García Comesaña, no ocultó su interés sobre la cuestión, quizá por lo que pudiera pasar. "Termina solicitando que también se les envíen las resoluciones de los tribunales sobre las medidas de protección de los profesionales", refleja el acta número 142 del Consejo Interterritorial de Sanidad.